El gran «estadio» de la hipocresía: ¿por qué la ley no entra a los recintos deportivos?

El deporte, en su esencia más pura, es salud, superación, respeto y comunidad. Son los valores que intentamos inocular a los niños en las escuelas y los que las grandes federaciones venden en campañas publicitarias millonarias. Sin embargo, basta con cruzar los tornos de acceso de casi cualquier recinto deportivo para que ese idílico decorado se desmorone. Allí dentro, la realidad nos abofetea con una contradicción flagrante que lleva casi dos décadas normalizada ante los ojos de las autoridades.

Hablemos claro: desde el año 2007, la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte es taxativa. El texto legal prohíbe de forma explícita la introducción y venta de bebidas alcohólicas en los recintos deportivos durante la celebración de espectáculos. La teoría es impecable; la práctica, un chiste de mal gusto.

¿Por qué se sigue permitiendo? En el ámbito profesional, la respuesta corta y cínica es el dinero: patrocinios multimillonarios y la vista gorda de los clubes. Pero lo verdaderamente sangrante, donde esta permisividad roza la inmoralidad, ocurre cada fin de semana en el deporte base y las categorías inferiores.

Mientras los profesionales cuentan con fuertes dispositivos de seguridad, es en los campos municipales, en los partidos de niños y adolescentes, donde el descontrol campa a sus anchas. El bar del polideportivo de barrio, a menudo gestionado para financiar al propio club local, se convierte en una barra libre a escasos metros de la línea de banda. Padres y aficionados consumen alcohol mientras ven jugar a sus hijos de diez años, normalizando que el deporte infantil y la caña de cerveza vayan de la mano.

La ley de 2007 es clara, pero el negocio y la falta de control han sido más fuertes. Mientras el alcohol siga fluyendo en las gradas —desde los grandes estadios hasta el campo de barrio—, la seguridad y los valores del deporte seguirán en fuera de juego.

Las consecuencias de esta manga ancha no son hipótesis de laboratorio; las sufrimos cada fin de semana. Cuando un partido se complica, la tensión sube y la rivalidad entra en combustión, el alcohol actúa como el peor de los combustibles. Desinhibe el insulto, anula el filtro de la empatía y transforma la pasión en agresividad.

Lo grave es que esta toxicidad ya no solo se ve en la televisión; se ha trasladado a los campos de los menores. Muchos de los altercados más vergonzosos de los últimos años, con padres insultando a los árbitros (que a menudo también son menores de edad) o agrediéndose entre ellos en la grada, tienen detrás el factor del alcohol consumido a pie de campo. ¿Qué clase de educación estamos dando a los niños cuando ven a sus referentes insultar con un vaso en la mano?

Es evidente que se tendría que ser muchísimo más estricto. La permisividad actual no solo roza la ilegalidad institucionalizada, sino que proyecta una imagen nefasta. Exigir el cumplimiento estricto de la prohibición, especialmente donde hay menores involucrados, no es un acto de puritanismo, es una necesidad de orden público, de protección a la infancia y de coherencia ética.

Si de verdad queremos que las canchas y los campos sean espacios seguros, familiares y educativos, el alcohol tiene que salir radicalmente de la ecuación. Cumplir la ley de 2007 a rajatabla no restará emoción al juego; al contrario, limpiará el espectáculo. Ese sería, sin duda, el mejor ejemplo y la mejor imagen para blindar unos valores deportivos que, por definición, caminan en la dirección exactamente opuesta a los excesos de la barra de un bar. Ya va siendo hora de que las autoridades y los ayuntamientos piten el final de esta prórroga de hipocresía.