Fuera de juego fiscal: por qué Aragón necesita liberar su mecenazgo deportivo

En cualquier rincón de nuestra comunidad, desde los pabellones de barrio en Zaragoza hasta las pistas comarcales del Bajo Aragón, las Cinco Villas o el Pirineo, la escena se repite cada inicio de temporada: directivos que dedican más horas a cuadrar balances que a planificar la cantera, y empresarios locales con voluntad sincera de arrimar el hombro pero frenados por la burocracia tributaria. La pregunta que sobrevuela cada despacho siempre es la misma: ¿cómo justificamos este dinero sin complicarnos la vida con Hacienda?

La respuesta actual es tan pragmática como limitante: con una factura comercial al 21% de IVA. En Aragón, el apoyo privado al deporte se ha quedado encasillado en el contrato de patrocinio publicitario ordinario. No por convicción, sino por puro descarte administrativo.

Para un club modesto, el mecenazgo puro, aquel que permite al donante desgravarse de verdad, es hoy una utopía. Exige constituir una fundación instrumental o superar el laberinto de la declaración estatal de Utilidad Pública, un peaje inasumible para directivas sostenidas por el voluntariado. La única salida es operar como una agencia de marketing: darse de alta en censos de IVA, liquidar trimestres y garantizar lonas, parches en la camiseta o impactos en redes sociales, aunque la ayuda solo buscara costear el autobús de los cadetes o renovar balones.

Al otro lado de la mesa, el tejido empresarial aragonés se topa con un incentivo plano. Patrocinar al equipo de su comarca o a un referente provincial desgrava exactamente lo mismo en el Impuesto sobre Sociedades que contratar una valla en la autovía o pagar publicidad digital: es un simple gasto contable ordinario. No existe un estímulo fiscal autonómico que premie el valor social o identitario de esa aportación. Y lo que es más grave: el comercio local, el profesional autónomo y las familias quedan fuera del tablero, al no existir deducciones en el tramo autonómico del IRPF para el micromecenazgo deportivo.

Basta mirar a comunidades vecinas como la Comunitat Valenciana o Navarra para comprobar cómo sus leyes propias y deducciones autonómicas canalizan millones de euros privados hacia el deporte base sin asfixiar a los clubes.

Es de justicia reconocer que el Gobierno de Aragón está realizando ya un esfuerzo notable por el deporte de nuestra tierra, con líneas de apoyo crecientes y un compromiso presupuestario que prevé intensificarse aún más a corto y medio plazo. Es una apuesta real, valiente y muy de agradecer por parte de todo el sector. Precisamente por eso, articular una Ley Autonómica de Mecenazgo Deportivo no vendría a sustituir esa labor pública, sino a culminarla. Sería, en definitiva, la guinda del pastel para redondear un ecosistema perfecto: sumar el músculo de las empresas aragonesas al empuje institucional.

Habilitar un registro ágil de entidades de interés deportivo, deducciones en el IRPF autonómico e incentivos especiales para las empresas que sostienen el deporte en el medio rural no supone perdonar impuestos; significa multiplicar por diez la inversión privada en salud, juventud y cohesión territorial. El terreno de juego institucional ya está abonado; abrir la puerta al mecenazgo privado es el salto definitivo que el deporte aragonés lleva años esperando.